Hoy
en día todo estamos habituados a la continua información sobre la pandemia del COVID-19, en la cual los gobiernos de turnos se han atribuido poderes
para poder sobrellevar de la
mejor manera la situación buscando el bienestar (supuestamente) de los
ciudadanos y de la sociedad en general, sin embargo, son pocos gobiernos
que permiten que se les controle propiciando ataques contra aquellas
personas o instituciones que realizan tal fiscalización refugiándose que
es perder tiempo valioso para salvar
vidas. Confieso que aún estoy reflexionando que tan efectivo es para un
estado de emergencia la división de poderes, pero en esta semana a raíz de un
acto de corrupción descomunal en Bolivia por la compra de 170 respiradores que
no son útiles para la pandemia, se efectuó un robo de más 3 millones de dólares
en una situación donde cada centavo es necesario, siendo responsable un grupo
de funcionarios de alto nivel del actual gobierno.
Así
mismo, lo que quisiera resaltar es que todo sale a luz por
las denuncia que comienza a circular en
las redes sociales por parte de un grupo de especialista del área médica, poco a poco fue cobrando
fuerza al punto que los otros poderes del Estado Boliviano tuvieron que
implicarse para comenzar las
investigaciones pertinentes, partiendo de ello me pregunto: ¿si la noticia no se hubiera esparcido en la redes sociales se hubiera investigado?/
¿hasta qué punto de los altos
funcionarios están involucrados?/ ¿Realmente
se fiscalizan a los gobiernos?/¿La fiscalización
del gobierno de turno es para detener la
corrupción o sacar partido político?.
No
tengo respuesta a las interrogantes, pero las propongo para que podemos generar en la ciudadanía un pensamiento
crítico fundamental para cualquier estado de derecho; debo reconocer y alabar
que gracias a la fuerza de la sociedad
civil representando con el grupo
de especialista del área de salud y a la prensa libre-responsable se
pudo conocer de este delito millonario, por ello, es necesario que en todos las
naciones los ciudadanos asuman sus
deberes de fiscalizar a los gobernantes sin importar la tendencia política, ya
que la corrupción la puede cometer cualquier funcionario pero a saberse
vigilado será menos la probabilidad de ejecutarla, así mismo, la prensa cada día
es más desprestigiada alguna veces con razón, sin embargo, en estos casos son piezas claves para presionar a los gobernantes a rendir cuentas,
porque muchos gobiernos se contienen en sus acciones fuera de ley y retroceden gracias
a la presión de la prensa libre.
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